27/05/2026
COMUNICADO PÚBLICO
EXIGIMOS VERDAD, JUSTICIA, PROTECCIÓN EFECTIVA Y ACCIÓN INMEDIATA DEL ESTADO COLOMBIANO FRENTE A LOS CRÍMENES CONTRA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
La dignidad humana no tiene ideología. El dolor de las víctimas no tiene partido político. Los derechos humanos no son negociables, no son selectivos y no pueden depender de intereses de poder.
Como ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales, expresamos nuestro más profundo rechazo frente a los crímenes cometidos contra niños, niñas, adolescentes y población civil en el marco del conflicto armado colombiano, incluyendo hechos relacionados con reclutamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual, tortura, homicidios, desplazamiento y demás conductas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Recordamos que los niños y niñas son sujetos de especial protección constitucional conforme a la Constitución Política de Colombia y a los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. Ninguna organización armada, actor ilegal o estructura criminal puede justificar el uso de menores en escenarios de guerra, violencia o instrumentalización armada.
Asimismo, rechazamos la indiferencia institucional, la pasividad estatal y la ausencia de respuestas eficaces frente al sufrimiento de miles de víctimas que aún esperan verdad, justicia, reparación integral y garantías reales de no repetición.
El Estado colombiano tiene obligaciones constitucionales e internacionales claras:
prevenir, investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos. La omisión también genera responsabilidad.
Recordamos a las autoridades competentes que los delitos de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles conforme al Derecho Internacional, y que ninguna forma de silencio, omisión o indiferencia puede convertirse en mecanismo de impunidad.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los Convenios de Ginebra y demás instrumentos internacionales ratificados por Colombia imponen el deber permanente de proteger a las víctimas y garantizar justicia efectiva.
Los derechos humanos son:
inalienables,
universales,
imprescriptibles
y superiores a cualquier interés político o ideológico.
Exigimos a:
la Fiscalía General de la Nación,
la Procuraduría General de la Nación,
la Defensoría del Pueblo,
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
la Unidad para las Víctimas,
la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos,
la Corte Constitucional,
y demás autoridades competentes,
que actúen con celeridad, independencia, rigor jurídico y compromiso real con las víctimas.
La sociedad colombiana no puede seguir normalizando la impunidad ni el abandono institucional.
También recordamos un principio elemental de responsabilidad moral y jurídica:
tan grave es cometer el crimen como guardar silencio frente a él cuando existe el deber de denunciar, proteger o actuar.
El silencio frente a la barbarie perpetúa el dolor de las víctimas y debilita el Estado de Derecho.
Toda víctima merece:
verdad,
justicia,
memoria,
dignidad
y reparación integral.
Nunca más una Colombia indiferente frente al sufrimiento de su propia gente.
Nunca más una institucionalidad incapaz de proteger a los más vulnerables.
Nunca más impunidad frente a los crímenes contra la humanidad.
MEMORIA PARA QUE NUNCA MÁS SE REPITA.
